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Destilación de crisis y cosecha en verde: dos formas de controlar el excedente vitícola

Maruxa Alfonso Laya
M. Alfonso REDACCIÓN / LA VOZ

AGRICULTURA · Exclusivo suscriptores

Martina Miser

Aunque en Galicia nunca se había solicitado esta medida, en el resto de España denominaciones como Rioja ya la aplicaron el pasado ejercicio

16 may 2024 . Actualizado a las 16:26 h.

Un informe de la Organización Internacional de la Viña y el Vino revela que el consumo de vino tinto en los últimos quince años ha caído un 15 %, mientras que el de los blancos ha crecido un 10 % y el de los rosados un 17 %. No es de extrañar, así, que algunas de las principales regiones vitícolas del mundo no estén pasando por su mejor momento. Véase Burdeos, donde viticultores y Gobierno francés han puesto en marcha un plan para arrancar vides y sustituirlas por otros cultivos. Pero antes de llegar a ese extremo, la normativa europea prevé una serie de medidas pensadas para ayudar a regular los mercados cuando hay exceso de vino. Son medidas como la destilación de crisis, que el año pasado solicitó Rioja, o la cosecha en verde, que se aplicó en once comunidades autónomas. Medidas a las que ahora también se quiere sumar Galicia, en un intento por dar una salida a los productores y elaboradores de la Ribeira Sacra, una denominación que se está viendo especialmente afectada por esa crisis de los vinos tintos.

Aunque la comunidad gallega no había solicitado antes de ahora este tipo de medidas, el Ministerio de Agricultura ya las puso en marcha el pasado año, cuando los altos costes de los insumos y la inflación debilitaron las acciones comerciales de los productores y redujeron el poder adquisitivo de los consumidores. Eso generó una caída estructural del consumo de determinados tipos de vino, sobre todo, de tintos, provocando que algunas regiones se enfrentaran a «una acumulación sin precedentes de existencias en sus bodegas», asegura el ministerio.

Para contrarrestar esta situación se apostó, primero, por la cosecha en verde. Esta práctica consiste en la destrucción o eliminación total de los racimos de uva de una misma parcela cuando no han madurado, de manera que el rendimiento de esa finca se reduzca a cero. De hecho, no pueden quedar uvas sin vendimiar en la parcela que recibirá la ayuda. Según Agricultura, esta medida permite «dimensionar la próxima vendimia, la oferta, la capacidad de almacenamiento y la comercialización para la campaña que viene». A mayores, con ella se trata de evitar los efectos que una potencial sobreoferta de uva el siguiente otoño tendría sobre las rentas de los viticultores.

Habilitada anualmente

Esta medida no cuenta con un presupuesto anual, sino que la activa el ministerio cuando detecta perturbaciones del mercado. El pasado año habilitó una partida de 15 millones de euros para subvencionar la cosecha en verde en once comunidades. Finalmente se llevo a cabo esta práctica en 6.190 hectáreas de viñedo de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Para este año, se ha vuelto a activar la cosecha en verde, con una financiación inicial de 21,4 millones de euros. El objetivo general sigue siendo el mismo, aliviar la tensión en algunas regiones productoras que mantienen un elevado nivel de existencias. Hasta el pasado 30 de abril, las comunidades autónomas tuvieron abierto el plazo para acogerse a esta intervención y, ahora, los agricultores que reciban el visto bueno deberán arrancar sus racimos antes del próximo 15 de julio.

La segunda de estas medidas es la destilación de crisis, que le corresponde autorizar a la Comisión Europea. El pasado año, a petición de varios Estados miembros y de representantes del sector vitivinícola y ante la situación de perturbación del mercado, esta decidió darle el visto bueno. Consiste en retirar del mercado algunas de las cantidades de vino de determinadas regiones que no están encontrando una salida comercial adecuada. Las bodegas reciben una compensación económica a cambio de un vino que retiran del mercado y que debe ser destinado a uso industrial, como de desinfección o farmacéutico o con fines energéticos. El pasado año, Agricultura autorizó esta medida en dos comunidades: Cataluña y Extremadura. La primera de ellas invirtió 699.563, 20 euros en destilar cerca de 2,5 millones de litros de vino. En la segunda el presupuesto fue de 820.868 euros para 2,7 millones de litros.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea, mediante una Decisión, autorizó pagos nacionales para la destilación de crisis de vino en España. Sea cogieron a esta modalidad dos comunidades: La Rioja y el País Vasco. En total, el vino retirado fue de 17 millones de litros en la primera de ellas, y de 2,5 millones en la segunda. Galicia quiere aplicar ahora esta medida, tal y como anunció ayer la Consellería do Medio Rural, y aunque por ahora no se conocen las cifras que se manejan, la cantidad de vino a destilar sería inferior. No hay que olvidar que la cosecha de la Ribeira Sacra en 2023 fue de 6,5 millones de kilos.