Asaja, COAG y las cooperativas siguen en la lucha por las reivindicaciones del campo

El acuerdo propuesto por el Ministerio de Agricultura para poner fin a las protestas del sector agrario no convenció a todas las organizaciones que participaron en su negociación. Asaja y COAG se negaron a firmarlo y la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias asegura que, aunque se le informó, nunca estuvo en las negociaciones. Estas tres entidades que han unido ahora para presentar un documento de trabajo «con todo lo que el sector agrario necesita», explicó Pedro Barato, responsable de Asaja. Quieren volver a negociar y conseguir una solución definitiva para el campo. Y están dispuestas a volver a la calle si no se les escucha.

La primera crítica a la propuesta del ministerio que hace Asaja es que muchas de las medias son temporales, como aquellas que flexibilizan la PAC, que solo se aplicarán este año. «Tiene que haber un antes y un después en la PAC. Primero se nos dijo que no se podía cambiar y ahora resulta que sí se ha podido», critica Pedro Barato. Reclama políticas menos restrictivas, «que no pongan contra las cuerdas a agricultores y ganaderos». 

Barato también considera que la ganadería es la gran olvidada de la propuesta de Agricultura. «Basta ya del abandono de las administraciones hacia este sector», pide, y recuerda que lo único que se ha conseguido es un foro de la ganadería que se reunirá esta semana. «Si no hay medidas claras y contundentes, convocaremos movilizaciones», anunció. El documento reclama que se respete y proteja al sector ante ataques infundados, además de que cualquier normativa que le afecte deba contar con estudios de impacto. También lamenta que la legislación española vaya más allá de la europea. 

Por otro lado, el documento también recoge la necesidad de adaptar la reforma laboral a las necesidades del campo y aplicar los contratos de 90 días en las campañas agrarias cuando haya necesidades de producción que lo requieran. Y reclama que se tenga en cuenta que el empleo agrario es de carácter temporal, la reducción de cargas sociales y bonificaciones a los empresarios agrarios en la Seguridad Social ante los continuos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional. En fiscalidad, apuesta por adaptar los límites de la estimación objetiva del IRPF a 300.000 euros.

Barato no escatima en críticas para la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que acusa de no haber tenido nunca en cuenta a los agricultores y ganaderos y asegura que la propuesta de rebajar la protección del lobo, una reclamación de todas las organizaciones agrarias, no figura por ningún lado. «No puede ser que el lobo tenga más derecho que una oveja, que una vaca o que los ganaderos. Esa ministra no quiere ver al sector agrario ni en pintura», afirma.

Para COAG el principal motivo por el que no firmaron el acuerdo fue que se exigió esta ratificación cuando aún estaban negociando, «y se creó un clima de desconfianza e inseguridad», afirmó Miguel Padilla, su secretario general. De eso hace ya meses, recordó, y criticó al ministerio porque ahora ha creado una mesa de seguimiento del acuerdo «de la que deja fuera a las dos organizaciones más representativas. El ministro ha roto la unidad de acción», lamentó. Padilla sostiene que el documento presentado es «constructivo, para trabajar en el él y recoge los problemas del sector agrario».

Esta organización considera que el comercio internacional es un problema. «Cualquier importación de terceros países supone la ruina para el sector afectado. Ahora, por ejemplo, han invadido los puertos con cebolla de Sudamérica, cuando nuestra campaña empezó hace quince días. Ya han tirado los precios, que no cubren costes de producción», lamentó. Por eso reclaman un «observatorio para todas las producciones que entren», reclamó.

Padilla se refirió también a la sequía, que está afectando a zonas concretas del Mediterráneo. Eso está provocando pérdidas en los cultivos de secano, «que si no hay ayudas directas y líneas de financiación vamos a dejar por el camino muchas explotaciones de secano». Tampoco están mejor las de regadío, pues la dotación de agua es deficitaria y no permite a los agricultores obtener los rendimientos esperados. Por eso el documento reclama una política hidráulica con inversiones en infraestructuras y concienciar de la importancia que tiene el regadío, mejorando su imagen pública de paso. 

El responsable de COAG también considera que la ganadería intensiva está siendo objeto «de una criminalización» y reclama que no se le aplique «más legislación que la que viene de Europa». Por otro lado, reclama medidas efectivas que garanticen el relevo generacional. «No es solo que se incorporen los jóvenes, es que se mantengan y tengan una estabilidad», añadió.  Los seguros agrarios es otro de los puntos en los que consideran que es necesario incluir mejoras. «Hay que adaptarlos a todas las producciones, porque hay algunos que se han quedado obsoletos», afirmó. 

Padilla se sumó a las críticas de Barato hacia la ministra para la Transición Ecológica, «porque no tenemos interlocución con Medio Ambiente y eso nos parece un disparate». Y reclamó medidas para controlar a la fauna salvaje.

Las agrupaciones se mostraron dispuestas a seguir negociando con el ministerio, pues consideran que quedaron muchas cosas sobre la mesa. «Esta no es la PAC que necesita el campo y ¿cómo se le aplica la Ley de la cadena a las naranjas que vienen de Egipto?», se preguntó Barato. «No hay un calendario de movilizaciones. Se presenta un documento en el que se incluyen parte de las 43 medidas aprobados que quedaron abiertas», concluyó Padilla. 

Las cooperativas también quieren ser escuchadas

La Asociación de Cooperativas agroalimentarias lamentó no haber participado en las negociaciones con el ministerio, «y entendemos que tenemos que aportar soluciones para nuestros socios», afirmó Ángel Villafranca, presidente de la entidad. En su opinión, el sector necesita «soluciones estables para seguir produciendo alimentos. La agricultura es una cuestión de estado y estamos hablando de crear normas y estructuras para las próximas generaciones».

Villafranca criticó, en primer lugar, la Ley de la cadena, «porque no se está cumpliendo, dejen de crear expectativas». La ausencia de medidas que regulen el mercado o de un observatorio hacen imposible que los productores puedan conseguir esa rentabilidad por sus producciones. El responsable de la asociación lamentó que tampoco se esté respetando el modelo de empresa cooperativa agroalimentaria, sacando del ámbito de actuación de la ley la relación entre el socio y su cooperativa., «Los requerimientos e inspecciones a nuestra cooperativas no van a solucionar la rentabilidad de nuestros productos», añadió.

En cuanto a los problemas de sequía, aseguró que «la economía de nuestro país depende de que tengamos agua y es preciso hacer una apuesta decidida por políticas hidráulicas del silgo XXI». Y destacó que las cooperativas sí están haciendo una gestión del agua eficiente.

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